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Franco Rotelli
Vivir sin manicomios
Topía Editorial

Páginas: 152
Formato: 150 mm x 230 mm
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 9789871185634

Recientemente, la editorial Topía hizo la presentación del muy recomendable libro Vivir sin manicomios. La experiencia de Trieste, cuyo autor es Franco Rotelli, médico psiquiatra que acompañó a Franco Basaglia en el proceso de reforma psiquiátrica llevado a cabo en Italia, durante la década de los años ´70. En su texto, Rotelli considera que para la transformación llevada a cabo en Trieste, la clave fue la descomposición, desmontaje, desenmascaramiento y cierre del manicomio, en simultaneidad con el desenmascaramiento y transformación de la Psiquiatría, que plasmó su estructura disciplinaria junto al manicomio, a partir de la concepción de la “locura” como “enfermedad” y “peligrosidad”, desconectada de los contextos sociales y culturales. El mensaje que se transmite desde el texto, es que la experiencia de Trieste demostró acabadamente que el cierre de la institución manicomial, se puede hacer, a partir de cambios de fondo en la comprensión de los padecimientos y en cómo abordarlos. Para ello, se requirió cubrir el territorio con centros de salud mental, implementar internaciones breves en hospitales generales y plasmar servicios en la comunidad. Considera a la “desinstitucionalización”, como un proceso social complejo, con modificaciones en todas las relaciones de poder y saber, que derivó en la sanción de la Ley 180, norma que prohíbe la construcción de nuevos asilos y manicomios, estableciendo que los recursos deben destinarse a las personas y no a las instituciones. Resulta interesante destacar la consideración que hace Rotelli respecto de la Ley 180, en tanto la misma, activó todos los “juegos de la implementación” reconocidos como: maniobras políticas, boicots administrativos, resistencias e intereses económicos y profesionales que se sintieron amenazados (dato este que no podemos soslayar, respecto de la situación en nuestro país para la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental). Franco Rotelli, asiduo visitante de nuestro país, elogió la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657, calificándola como “muy buena”, pero advirtiendoque para su efectivo cumplimiento, debe operar el desafío de crear instituciones que sean coherentes con los lineamientos expresados en dicha norma, considerando también el cambio en los modos de asignar y administrar los recursos, en tanto responsabilidades gubernamentales. Aduce que para implementar la ley, se necesita una gran planificación, recursos, formación y capacitación de los trabajadores y sensibilización en la sociedad para desestigmatizar la locura. En el ámbito de nuestro país, la imagen de la Salud Mental pública está asociada con los niveles de pobreza, exclusión social y segregación e históricamente sin consideración en la agenda de la política sanitaria de los gobiernos. En la actualidad y a nivel estatal en todo el país, se despliegan 54 instituciones con internación crónica, con un universo aproximado de 21.000 personas internadas, de las cuales, 14.000 están alojadas en colonias y 7.000 en hospitales monovalentes. Entre las instituciones, una sola es de jurisdicción nacional, 11 son colonias provinciales y 42 son hospitales monovalentes provinciales (entre los que se incluyen los 4 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, con aproximadamente 1.800 personas internadas). En el marco de las diversas resistencias a la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, forma parte del discurso de la hegemonía médico-psiquiátrica, la expresión: “los hospitales monovalentes, no son manicomios” y por lo tanto, dada su “especialidad”, deben seguir existiendo. En la Argentina, la histórica lucha por la “desmanicomialización”, centró sus bases en denunciar y modificar el maltrato, la indignidad, la transgresión de los derechos y los efectos desubjetivantes que arbitrariamente impone en las personas, toda lógica manicomial. Dicha lógica es generalmente invisibilizada más que por los muros, por los mecanismos de control estatal, los prejuicios sociales y el amparo de un supuesto régimen de “verdad científica”. Como contraste a quienes defienden la persistencia del mecanismo asilar, resulta válido y oportuno conocer sobre algunos hechos acaecidos últimamente en diversos hospitales neuropsiquiátricos de nuestro país. En la provincia de Córdoba y a mediados del año pasado, diversas organizaciones, solicitaron se declare la “emergencia en salud mental”, a partir de la gravísima situación de los hospitales psiquiátricos de la jurisdicción, y en particular, de la sala psiquiátrica del hospital de Bell Ville, donde se constataron las precariedades edilicias y el trato denigrante e inhumano de los pacientes internados. A fines del año pasado, en un allanamiento realizado en el Hospital Borda (Ciudad de Buenos Aires), se detectaron diversas irregularidades, entre las cuales, la falta de las historias clínicas completas y los registros de las personas internadas durante el período 2009-2010. Pero lo más llamativo, fue constatar el registro de 46 personas fallecidas durante los años 2009 y 2010, sobre una población de menos de 800 pacientes internados. En relación, este número supera los índices de muertes en instituciones penitenciarias. Ya en este año 2014 y más precisamente en el mes de septiembre, la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, constató violaciones a los derechos esenciales de las más de 3.500 personas internadas, a partir de la existencia de celdas de contención y aislamiento en condiciones infrahumanas. Entre los hospitales en los que se verificaron las violaciones a los derechos de las personas internadas, se encontraban el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn (Melchor Romero), el Hospital Estévez (Témperley) y el Hospital Interzonal Dr. Domingo Cabred (Open Door, Luján). Pero lo más significativo y grave que se denuncia (coincidente con la situación aludida en el Hospital Borda), es que 133 personas fallecieron en el neuropsiquiátrico Alejandro Korn, en el lapso de los años 2012-2013 y de lo que va a febrero del 2014, presumiblemente por negligencia, abandono y/o mal tratamiento, además de observarse la precarización y deterioro de la infraestructura y la falta de personal idóneo. Los denunciantes observaron, “una gran naturalización de esas muertes” y por motivos que generalmente no resultan ser causales de muerte. Este número de fallecidos y en un solo hospital, es casi igual a la cantidad de muertes acaecidas entre las 54 unidades penitenciarias en un año. Por último y más recientemente, diversas organizaciones, se expresaron respecto del fallecimiento de un paciente internado en el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone, de la provincia de Salta. Se denuncia que el paciente falleció por habérsele amputado el brazo izquierdo gangrenado, a causa de “haber permanecido con las manos atadas, sometido a contención mecánica”. El paciente internado (R.V), además, sobrellevaba la condición de ser sordomudo. Ante estas graves y contundentes evidencias que ocurrieron en las instituciones asilares señaladas, las cuales pertenecen a tres grandes jurisdicciones del país y otra a la provincia de Salta, cabe preguntarse: ¿qué hace posible seguir sosteniendo la persistencia de grandes unidades de internación, como son los hospitales monovalentes o neuropsiquiátricos? Sin dudas, no existe fundamento científico, ético y mucho menos económico, que sustente el posicionamiento del “poder psiquiátrico” (que vale aclarar, no representa a todos los psiquiatras), respecto de la necesidad de validar estas perimidas e indignas instituciones. El impacto que Ley Nacional de Salud Mental ha generado como cambio de paradigma, reconociendo a los diversos saberes y prácticas en un plano de igualdad y en el marco de un equipo interdisciplinario, resulta evidente que contraría los intereses de un sector de la psiquiatría, que pugna por seguir siendo el saber determinante de la atención de los padecimientos mentales (y funcional a los intereses de la industria farmacéutica). Por ello no resulta llamativo, que se defienda con tanto énfasis la continuidad de los manicomios públicos, cuando las asociaciones representativas de los psiquiatras tienen mayor incidencia e intereses en el ámbito de lo privado. De seguro, la respuesta está contenida en los lineamientos de Ley 26.657, al determinar el cierre de las instituciones asilares y la consiguiente prohibición de crear nuevas (con límite de sustitución en el año 2020), en tanto esta afectación también alcanza al ámbito de las instituciones privadas. Resulta indudable que detrás de la existencia de las clínicas privadas, subyace una actividad empresarial y mercantilista de la salud mental, que refleja una alta tasa de rentabilidad y ganancia, con el agravante de que prácticamente carecen del control estatal respecto de la atención que brindan. Conocemos los manicomios públicos, pero también existen los manicomios privados. La posibilidad de vivir (o no), sin manicomios en nuestro país, dependerá de la capacidad que tengamos como parte de un movimiento social, respecto de avanzar hacia el pleno cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental, que tanto costó conseguir. Esto implicará exigir a un mismo tiempo, al Estado y los gobiernos (nacional, provincial y municipal), como así también ponerle límite a los inescrupulosos intereses del “mercado” de la salud mental.

Vivir sin manicomios

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Franco Rotelli
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Páginas: 152
Formato: 150 mm x 230 mm
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 9789871185634

Recientemente, la editorial Topía hizo la presentación del muy recomendable libro Vivir sin manicomios. La experiencia de Trieste, cuyo autor es Franco Rotelli, médico psiquiatra que acompañó a Franco Basaglia en el proceso de reforma psiquiátrica llevado a cabo en Italia, durante la década de los años ´70. En su texto, Rotelli considera que para la transformación llevada a cabo en Trieste, la clave fue la descomposición, desmontaje, desenmascaramiento y cierre del manicomio, en simultaneidad con el desenmascaramiento y transformación de la Psiquiatría, que plasmó su estructura disciplinaria junto al manicomio, a partir de la concepción de la “locura” como “enfermedad” y “peligrosidad”, desconectada de los contextos sociales y culturales. El mensaje que se transmite desde el texto, es que la experiencia de Trieste demostró acabadamente que el cierre de la institución manicomial, se puede hacer, a partir de cambios de fondo en la comprensión de los padecimientos y en cómo abordarlos. Para ello, se requirió cubrir el territorio con centros de salud mental, implementar internaciones breves en hospitales generales y plasmar servicios en la comunidad. Considera a la “desinstitucionalización”, como un proceso social complejo, con modificaciones en todas las relaciones de poder y saber, que derivó en la sanción de la Ley 180, norma que prohíbe la construcción de nuevos asilos y manicomios, estableciendo que los recursos deben destinarse a las personas y no a las instituciones. Resulta interesante destacar la consideración que hace Rotelli respecto de la Ley 180, en tanto la misma, activó todos los “juegos de la implementación” reconocidos como: maniobras políticas, boicots administrativos, resistencias e intereses económicos y profesionales que se sintieron amenazados (dato este que no podemos soslayar, respecto de la situación en nuestro país para la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental). Franco Rotelli, asiduo visitante de nuestro país, elogió la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657, calificándola como “muy buena”, pero advirtiendoque para su efectivo cumplimiento, debe operar el desafío de crear instituciones que sean coherentes con los lineamientos expresados en dicha norma, considerando también el cambio en los modos de asignar y administrar los recursos, en tanto responsabilidades gubernamentales. Aduce que para implementar la ley, se necesita una gran planificación, recursos, formación y capacitación de los trabajadores y sensibilización en la sociedad para desestigmatizar la locura. En el ámbito de nuestro país, la imagen de la Salud Mental pública está asociada con los niveles de pobreza, exclusión social y segregación e históricamente sin consideración en la agenda de la política sanitaria de los gobiernos. En la actualidad y a nivel estatal en todo el país, se despliegan 54 instituciones con internación crónica, con un universo aproximado de 21.000 personas internadas, de las cuales, 14.000 están alojadas en colonias y 7.000 en hospitales monovalentes. Entre las instituciones, una sola es de jurisdicción nacional, 11 son colonias provinciales y 42 son hospitales monovalentes provinciales (entre los que se incluyen los 4 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, con aproximadamente 1.800 personas internadas). En el marco de las diversas resistencias a la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, forma parte del discurso de la hegemonía médico-psiquiátrica, la expresión: “los hospitales monovalentes, no son manicomios” y por lo tanto, dada su “especialidad”, deben seguir existiendo. En la Argentina, la histórica lucha por la “desmanicomialización”, centró sus bases en denunciar y modificar el maltrato, la indignidad, la transgresión de los derechos y los efectos desubjetivantes que arbitrariamente impone en las personas, toda lógica manicomial. Dicha lógica es generalmente invisibilizada más que por los muros, por los mecanismos de control estatal, los prejuicios sociales y el amparo de un supuesto régimen de “verdad científica”. Como contraste a quienes defienden la persistencia del mecanismo asilar, resulta válido y oportuno conocer sobre algunos hechos acaecidos últimamente en diversos hospitales neuropsiquiátricos de nuestro país. En la provincia de Córdoba y a mediados del año pasado, diversas organizaciones, solicitaron se declare la “emergencia en salud mental”, a partir de la gravísima situación de los hospitales psiquiátricos de la jurisdicción, y en particular, de la sala psiquiátrica del hospital de Bell Ville, donde se constataron las precariedades edilicias y el trato denigrante e inhumano de los pacientes internados. A fines del año pasado, en un allanamiento realizado en el Hospital Borda (Ciudad de Buenos Aires), se detectaron diversas irregularidades, entre las cuales, la falta de las historias clínicas completas y los registros de las personas internadas durante el período 2009-2010. Pero lo más llamativo, fue constatar el registro de 46 personas fallecidas durante los años 2009 y 2010, sobre una población de menos de 800 pacientes internados. En relación, este número supera los índices de muertes en instituciones penitenciarias. Ya en este año 2014 y más precisamente en el mes de septiembre, la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, constató violaciones a los derechos esenciales de las más de 3.500 personas internadas, a partir de la existencia de celdas de contención y aislamiento en condiciones infrahumanas. Entre los hospitales en los que se verificaron las violaciones a los derechos de las personas internadas, se encontraban el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn (Melchor Romero), el Hospital Estévez (Témperley) y el Hospital Interzonal Dr. Domingo Cabred (Open Door, Luján). Pero lo más significativo y grave que se denuncia (coincidente con la situación aludida en el Hospital Borda), es que 133 personas fallecieron en el neuropsiquiátrico Alejandro Korn, en el lapso de los años 2012-2013 y de lo que va a febrero del 2014, presumiblemente por negligencia, abandono y/o mal tratamiento, además de observarse la precarización y deterioro de la infraestructura y la falta de personal idóneo. Los denunciantes observaron, “una gran naturalización de esas muertes” y por motivos que generalmente no resultan ser causales de muerte. Este número de fallecidos y en un solo hospital, es casi igual a la cantidad de muertes acaecidas entre las 54 unidades penitenciarias en un año. Por último y más recientemente, diversas organizaciones, se expresaron respecto del fallecimiento de un paciente internado en el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone, de la provincia de Salta. Se denuncia que el paciente falleció por habérsele amputado el brazo izquierdo gangrenado, a causa de “haber permanecido con las manos atadas, sometido a contención mecánica”. El paciente internado (R.V), además, sobrellevaba la condición de ser sordomudo. Ante estas graves y contundentes evidencias que ocurrieron en las instituciones asilares señaladas, las cuales pertenecen a tres grandes jurisdicciones del país y otra a la provincia de Salta, cabe preguntarse: ¿qué hace posible seguir sosteniendo la persistencia de grandes unidades de internación, como son los hospitales monovalentes o neuropsiquiátricos? Sin dudas, no existe fundamento científico, ético y mucho menos económico, que sustente el posicionamiento del “poder psiquiátrico” (que vale aclarar, no representa a todos los psiquiatras), respecto de la necesidad de validar estas perimidas e indignas instituciones. El impacto que Ley Nacional de Salud Mental ha generado como cambio de paradigma, reconociendo a los diversos saberes y prácticas en un plano de igualdad y en el marco de un equipo interdisciplinario, resulta evidente que contraría los intereses de un sector de la psiquiatría, que pugna por seguir siendo el saber determinante de la atención de los padecimientos mentales (y funcional a los intereses de la industria farmacéutica). Por ello no resulta llamativo, que se defienda con tanto énfasis la continuidad de los manicomios públicos, cuando las asociaciones representativas de los psiquiatras tienen mayor incidencia e intereses en el ámbito de lo privado. De seguro, la respuesta está contenida en los lineamientos de Ley 26.657, al determinar el cierre de las instituciones asilares y la consiguiente prohibición de crear nuevas (con límite de sustitución en el año 2020), en tanto esta afectación también alcanza al ámbito de las instituciones privadas. Resulta indudable que detrás de la existencia de las clínicas privadas, subyace una actividad empresarial y mercantilista de la salud mental, que refleja una alta tasa de rentabilidad y ganancia, con el agravante de que prácticamente carecen del control estatal respecto de la atención que brindan. Conocemos los manicomios públicos, pero también existen los manicomios privados. La posibilidad de vivir (o no), sin manicomios en nuestro país, dependerá de la capacidad que tengamos como parte de un movimiento social, respecto de avanzar hacia el pleno cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental, que tanto costó conseguir. Esto implicará exigir a un mismo tiempo, al Estado y los gobiernos (nacional, provincial y municipal), como así también ponerle límite a los inescrupulosos intereses del “mercado” de la salud mental.